Ayuntamiento Insensible y Violador de Derechos Laborales y Humanos

Los meridanos estamos lucidos: no solamente somos gobernados por un ayuntamiento mediocre, integrado por una fauna de funcionarios ineptos y depredadores, sino peor aún, éstos creen que con fingir que hacen como que trabajan, los ciudadanos debemos darnos por bien servidos y de este modo, conformarnos con servicios públicos de medio pelo, que no están a la altura de las expectativas que llevaron a la gente a sufragar a favor de una determinada alternativa partidista. En este caso, el ayuntamiento de Mérida proviene del Partido de Acción Nacional y este instituto político siempre enfatiza como principios rectores de su actuar, el respeto a la persona y a su eminente dignidad. Pero en el ayuntamiento en funciones, los principios, valores y doctrina partidista, son letra muerta y constituyen un asunto que es bueno solo para el discurso, pero que no aplican en la práctica los responsables de hacerlo: una sarta de funcionarios insensibles, pochburgueses y rapaces, que han hallado en un hatajo de vividores, disfrazados de ciudadanos apartidistas, la oportunidad perfecta de legitimar sus atrocidades y de este modo, se dedican a cometer todo género de excesos y arbitrariedades, desde el primer día de su encargo. Reiteramos: ésta sucia pléyade de funcionarios representan el lumpen del panismo, la escoria, las heces que en todo organismo político partidista existe y que desafortunadamente se incrustaron en Acción Nacional y dirigen hoy el ayuntamiento de Mérida. Estos malos funcionarios, hacen gala de una doble moral, pues manejan en público un discurso humanista, respetuoso de los derechos del prójimo, del respeto a la ley, la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas, pero en la realidad son seres prepotentes, insensibles y sin calidad humana ni moral. Muestra de ello dio el Oficial Mayor, Mario Martínez Laviada al despedir de su empleo a un trabajador, afectado por el virus del SIDA, acusándolo de ser priista y lo peor, haciendo gala de su nula calidad humana y soberbia, al afirmar que en el ayuntamiento, él era como Dios y se hacía su voluntad. El trabajador C.A.S.S. indicó que lo acusaron de priista, debido a la ayuda desinteresada de un regidor de ese partido, que le ayuda a conseguir los medicamentos retrovirales, indispensables para el tratamiento de su enfermedad y que desde un inicio, fue maltratado y objeto de burlas, de parte de su jefe inmediato, Marcelo Paredes, Contralor de Calidad de la referida Oficialía Mayor Municipal, que le indicó que no debía esperar más para morirse o que si no, lo matarían. Ahí están también los casos de las recepcionistas Erika Aury Ávila Lio y Sonia Pacheco Acosta, acusadas por una compañera suya, hermana de la regidora Yahaira Centeno Ceballos de simpatizar con el PRI y a quienes de manera verbal y sin cubrir la formalidad legal de notificarles por escrito, les indicaron que estaban despedidas y pasaran a recursos humanos. Es de resaltarse como estos despidos contradicen la doctrina panista de respeto a la ley y a la dignidad de la persona, pues no solo no cubren las formalidades propias de estos casos y no se acusa a las personas de falta de probidad, de desempeño irresponsable o de conducta alguna que pudiera ser punible jurídicamente, sino que se les persigue por sus ideas o simpatías políticas, supuesto que sin ser censurable, tampoco está plenamente probado. A los casos anteriores, podemos sumar el de Irving Ortiz Sánchez, a quien pretenden sacar para meter a una sobrina de Manuel Díaz Suárez, Director de Salud Municipal, que extraña que consienta en semejantes actitudes, toda vez que él mismo padeció circunstancias similares en el pasado y el del coordinador de inspectores de Desarrollo Urbano, despedido por haber sorprendido demoliendo un predio con valor histórico, al hijo del diputado federal Sergio Chan Lugo. Con esta ola de despidos injustificados, que ponen en tela de juicio la buena voluntad de los funcionarios del ayuntamiento de Mérida y su presunto respeto a la ley y a la dignidad de las personas, las autoridades laborales tendrán mucho que hacer y el municipio sufrirá graves quebrantos económicos, pues lo lógico es que las demandas que emprendan los trabajadores prosperen y el ayuntamiento emeritense sea vencido en los laudos de los juicios respectivos. De ser así, habrá que ver si los funcionarios responsables de los arbitrarios ceses, no incurren en alguna ilegalidad y pudieran eventualmente ser sujetos a algún tipo de proceso. Si Acción Nacional no quiere ser barrido por la ola roja en los próximos comicios, es urgente que se tomen medidas contra estos malos elementos, que lo único que hacen es decepcionar a la ciudadanía y demostrar que en materia de funcionarios prepotentes y malos gobiernos, el PAN no canta nada mal las rancheras.