El que afirma tiene que probar

Hace ya varios meses, Mauricio Vila declaró que había detectado numerosas irregularidades en diversas dependencias del gobierno del estado. Tiempo después, a través de su secretaria de la contraloría, interpuso demandas penales contra varios ex funcionarios de la administración que le antecedió, por presuntas irregularidades en su gestión. 

Transcurrido el tiempo y mas allá del circo mediático que implica iniciar los procesos legales, los ciudadanos no nos hemos enterado de que alguien haya sido citado a comparecer por indagatorias relacionadas con cada caso; y mucho menos hemos sabido de detención alguna.

Pensando mal, podemos suponer tres escenarios: el primero, que se haya realizado algún acuerdo, de espaldas a la ciudadanía y de caracter supralegal, segundo, que se haya procedido legalmente, solo para cubrir las apariencias, porque se sepa que las demandas son notoriamente improcedentes y se pongan solo para tapar el ojo al macho en lo político; o tercero, que se cuente con todos los elementos probatorios y se espere con malicia, la llegada de la etapa electoral, para que las acciones de caracter legal, tengan mayor impacto.

En cualquiera de los casos, resulta sumamente peculiar la inactividad de la administración estatal en turno y sobre todo, el silencio de las dirigencias partidistas.

En el caso del panismo, sorprende porque serían los principales interesados en acabar con las posibilidades de su más acérrimo adversario, al descalificarlos para la competencia electoral, probando su proceder contrario a la ley. De no darse esto, solo cabe sospechar que se trata de una estrategia establecida y sustentada por objetivos específicos. 

En el caso del priismo, extraña que la dirigencia partidista guarde silencio y no alce la voz exigiendo que las imputaciones se aclaren, toda vez que ponen en entredicho el prestigio de su instituto político.

El sentido común nos lleva a pensar que si se han emprendido acciones legales, estas deben fructificar o extinguirse, en la lógica que el que afirma tiene que probar. En similar orden de ideas y en mérito del silencio de la directiva partidista, por tratarse de un asunto de interés general, exigimos al gobernador del estado que pruebe sus acusaciones o que ofrezca disculpas a los indiciados, al Partido Revolucionario Institucional y al pueblo yucateco, por intentar desorientarlo y confundir su óptica política.

No se puede ir por la vida tachando inocentes con marca de infamia, ni se puede tolerar que gocen de impunidad quienes atenten contra los intereses del pueblo. Así que exigimos al gobierno estatal que encabeza Mauricio Vila que pruebe sus afirmaciones y meta a la cárcel a quien deba hacerlo o en su defecto, que ofrezca disculpas y se haga cargo de resarcir el daño moral causado. Es lo que procede y es justo, de lo contrario, nos veremos obligados a pensar que el gobernador y su equipo son una percha de ineptos, o peor aún, que son cómplices.

Seguimos pendientes...