Strike Cantado

Ya hace mucho lo habíamos anticipado. Desde que de manera completamente irracional, unilateral, soberbia y absurda el ayuntamiento de Mérida canceló el contrato de renta de luminarias con la empresa ABC Leasing y dejó de pagar el importe de las misma, hicimos notar que la recisión era apresurada, mal pensada y en resumen ilegal. Asimismo, anticipamos que la decisión implicaría a posteriori consecuencias lesivas para el patrimonio de todos los meridanos, que serían en última instancia quienes terminaríamos pagando el monto de las sanciones que se impondrían a quienes tomaron de manera absolutamente absurda, la determinación. Lo anticipamos y nos llevamos una catarata de denuestos, pero lo veíamos venir. Los asesores legales y jurídicos del ayuntamiento, que antaño se caracterizaban por su prudencia y mesura, por ser destacados profesionistas, estudiosos de la ciencia del Derecho, cambiaron y se transformaron en adláteres, en porristas y promotores, con nulo conocimiento de la realidad legal. Era lo que coloquialmente se denomina un strike cantado, en términos beisbolísticos. Procedemos a clarificar el término enunciado: en el beisbol, un strike cantado es el que se produce, cuando un lanzamiento pasa por la zona catalogada por el árbitro (umpire) como propicia para considerarlo adecuado para poder ser potencialmente bateado y por tanto, se cataloga (canta) como lanzamiento bueno y se acumula en la contabilidad que el árbitro lleva, para que de no hacer el jugador contacto con la pelota, pueda ser declarado fuera del juego (out) e impedírsele por tanto anotar carrera. En suma, esto fue lo que aconteció. Vimos salir el lanzamiento del montículo (seguimios utilizando lenguaje de beisbol), cuando el ayuntamiento anunció la determinación asumida y pronosticamos la zona en la que se ubicaba y hacia donde se dirigía, así de claro. Desde luego, nuestras observaciones fueron ignoradas y desoidas. Lo mas grave del asunto, punto y aparte de la ilegalidad y lo absurdo de la medida, es el perjuicio que causará an interés general, que el ayuntamiento hipócritamente dice cuidar, toda vez que la sentencia que a final de cuentas emitirá la autoridad jurisdiccional encargada del caso, implicará un capítulo de carácter económico en cuanto al pago de multas, daños y perjuicios, que deberemos sufragar los meridanos y no se cargará, como debiera ser en estricto apego a la justicia, al alcalde y a los funcionarios que lo aplicaron, para afectar su peculio. El ayuntamiento de Mérida, es consciente de lo absurdo de su proceder y ello se refleja en la actitud adoptada por la directora de gobernación, Lizette Mimenza, que ha sido capaz de adoptar una postura coherente al respecto, primero diciendo desconocer la disposición emitida por el juzgado tercero de distrito en el sentido de la obligación de pagar las rentas que se dejaron de sufragar desde junio pasado; y posteriormente, asegurando que el gobierno municipal haría todo lo conducente para salvaguardar el interés ciudadano. En el inter, todavía se enredó más, asegurando que la sentencia disponía que se pagara la renta correspondiente, a las lámparas de la empresa demandante aún en funcionamiento y recalcó que éstas han sido reemplazadas en su totalidad. En que quedamos: ¿Pues no que ignoraba los términos de la disposición? LO peor de todo este asunto, además del perjuicio al patrimonio colectivo y el quebranto económico que representa para la ciudadanía, es que el ayuntamiento sigue mintiendo a la población y contra todo buen sentido, empecinado en mantener su postura ilegal y absurda a todas luces, sin importarle las consecuencias. El quebranto económico que esto representa, hace urgente que alguien ponga alto a los excesos del presidente municipal de nuestra ciudad y el sentido común señala que los llamados a hacerlo, son los diputados. El castillo de mentiras de Renán Barrera conforme pasa el tiempo, se viene abajo y las repercusiones continuarán. Será interesante que los aspirantes a la alcaldía, del partido que sean, observen muy bien lo que sucede y anoten que es todo lo que no debe de hacerse cuando se está al frente de un gobierno, sin importar el nivel de que se trate.