La corrupción que infecta al ayuntamiento de Mérida; salió a relucir, al denunciar integrantes de la agrupación Acciones Líderes, las malas prácticas realizadas por integrantes del gobierno municipal y las injusticias cometidas por altos funcionarios de la administración municipal en turno, en perjuicio de humildes trabajadores.
En rueda de prensa realizada como es habitual, en conocido restaurante del barrio de Santa Ana, Angel Cano Barrueta, denunció el tráfico de influencias y facturas, realizado por el licenciado Pedro Guillermo Rodríguez, integrante del comité organizador del carnaval de esta ciudad, en perjuicio de empresas prestadoras del servicio de autotransporte. Como es de todos sabido, la venta de facturas, es un delito perseguido por las autoridades fiscales y que realizan malos funcionarios, para obtener a cambio una ganancia (moche), cuyo monto es variable. En el caso que nos ocupa, Pedro Guillermo hablaba de conseguir facturas compradas a otros proveedores, a cambio de que les pagaran el IVA.
Cano Barrueta condenó las prácticas utilizadas para obligar a diferentes empresas a entrar al circuito de corrupción y prácticas viciadas que se realiza en el ayuntamiento de Mérida y agregó que por haberse suscitado con un empresario que es proveedor habitual de la Dirección de Desarrollo Social y que evidentemente solicitó el anonimato por temor a represalias, hizo el incidente del conocimiento de la directora del ramo, Cecilia Patrón Laviada, quien si bien en principio ofreció investigar la irregularidad y castigar a los responsables, al final desestimó todo e incluso le pidió olvidarse del tema, debido a que Guillermo Rodríguez es su ahijado de bodas, por estar casado con la ex diputada panista Adriana Martín Sauma, a la que Patrón Laviada amadrinó.
Cano Barrueta agregó que en multiplicidad de ocasiones ha solicitado entrevistarse con la titular de Desarrollo Social municipal para cuestionarla al respecto, pero de manera sistemática ella evade la entrevista, alegando estar muy ocupada. En tal virtud, añadió Cano Barrueta, analizamos caminos legales a seguir, como sería interponer un amparo por violar su garantía de audiencia.
De manera posterior, Cano Barrueta se refirió al caso de la muerte de la Jirafa del zoológico de Animaya, acaecida en dias pasados y que no sólo evidenció el descuido y la desorganización que prevalecen en esa instancia, sino que evidenció un caso de flagrante abuso de autoridad, cometido en perjuicio de Manuel Cauich y Roberto y Eugenio Canche, quienes a consecuencia del deceso del animal, fueron injustamente despedidos de sus empleos, con el argumento de haber subido a redes sociales imágenes del animal destazado.
Cano Barrueta destacó lo injusto de la determinación, pues los aludidos se enteraron de la medida a través de redes sociales y les hicieron firmar a fuerzas un documento (se presume fueron sus renuncias), sin permitirles leerlo y con la amenaza de que de no hacerlo, deberían enfrentar a la justicia federal, por ser la muerte de la Jirafa, un asunto de la jurisdicción de la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Cano Barrueta resaltó que las autoridades municipales se cebaran en empleados de bajo rango e hicieran caso omiso de las responsabilidades que habría que exigir al veterinario encargado del cuidado del animal, Fernando Victoria, de la que resultaría para el encargado del zoológico, Arturo Alonso Avelar e incluso para el titular de Servicios Públicos Municipales, Luis Jorge Montalvo Duarte, que se supone, debían ser todos, personal con el perfil profesional adecuado para tratar este tipo de casos, pero que resulta en la realidad no ser así.
Cano Barrueta exigió al alcalde Mauricio Vila tomar cartas en el asunto y no sólo restituir a los trabajadores despedidos en sus empleos de manera inmediata, sino sancionar de manera ejemplar, a quien resulte responsable, sin hacer valer simulaciones, compromisos y compadrazgos políticos.
Cano Barrueta y Arturo Cetina Bautista, presidente de la agrupación Acciones Líderes, exhortaron a la ciudadanía a sumarse a la lucha contra la corrupción y a denunciar los casos de que tengan conocimiento, garantizando absoluta discreción y anonimato.
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